Cámara da paso a Presupuesto para próximo año fiscal 2017-2018

El Capitolio –  La Cámara de Representantes aprobó hoy, en Sesión Ordinaria, el Presupuesto Consolidado para el año fiscal 2017-2018, que comienza el próximo 1ero de julio de 2017, ascendente a $9,562,000 con cargos al Fondo General. 

El Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, puntualizó que “este presupuesto lo que busca es estabilizar las finanzas del pueblo de Puerto Rico. En décadas, no se presentaba un presupuesto a la Isla, sin que se tuviese que coger préstamos para cuadrarlo, asumiendo la responsabilidad de las pensiones del Sistema de Retiro con cargo al Fondo General, achicando al Gobierno y sin imponer una sola contribución para agravar el bolsillo de los contribuyentes. Por eso decimos, que es un presupuesto histórico”. 

El presupuesto presentado está contemplado en las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 186, 187, 188 y 189, medidas de administración, presentadas por Méndez Núñez y la delegación de mayoría. La R. C. de la C. 186 (Resolución Conjunta del Presupuesto General para el año fiscal 2017-2018) asigna $7,505,488,000, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama Legislativa; y la R. C. de la C. 187 asigna a las agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de $1,666,512,000 para el desarrollo de programas o actividades de carácter especial, permanente o transitorio para el próximo año fiscal, además autoriza la transferencia de fondos entre las agencias, entre otros fines.

Mientras, la R. C. de la C. 188 asigna $390,480,000 bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el pago de los pensionados de los Sistemas de Retiro de Gobierno Central y la Judicatura, y del Sistema de Retiro para Maestros; y la R. C. de la C. 189 fija el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Gobierno no cubiertas en la R.C. de la C. 186.

Durante la presentación del paquete de medidas presupuestarias, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), Antonio “Tony” Soto Torres, explicó que “continuará siendo prioridad la salud y seguridad de nuestra gente. Por ello, le damos énfasis a estos temas, al igual que al bienestar social”. Subrayó que dentro del presupuesto, no se contemplan nuevos impuestos y se descarta el despido de empleados públicos. 

En esa línea, se realizaron algunas enmiendas al presupuesto recomendado por el Primer Ejecutivo. Entre estas, se asignaron $20 millones adicionales dentro de la partida de funcionamiento del Departamento de Educación (DE) para el mantenimiento indispensable de escuelas durante el verano; $3 millones adicionales para el Programa Alianza para la Educación Alternativa; y se identificaron $3.5 millones para mantener abiertas 44 escuelas públicas alrededor de toda la Isla que operan bajo el sistema de educación Montessori. A su vez, se asigna una partida de $1.1 millón para fortalecer programas deportivos a través del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y establecer un programa de integración comunitaria para jóvenes, después del horario escolar.

A nivel universitario, se continuará con el programa de Educación Médica Graduada del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y se asignan $50 millones adicionales a la institución, cumpliendo con los parámetros del Plan Fiscal y estableciendo la cantidad fijada a la UPR en alrededor de $670 millones de dólares, de los cuales se brindará una asignación especial a servicios que se ofrecen a los pacientes médico-indigentes. Asimismo, se aumenta la aportación para sufragar gastos operacionales de la UPR y se concede un aumento en becas y ayudas educativas.

En cuanto al Departamento de Salud, se propone un aumento de $46 millones a nivel estatal, de ajuste y reconciliación, para el funcionamiento de Salas de Emergencia de Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), aumentando su partida a $146 millones de dólares; se asignan $18.2 millones adicionales al Departamento de Hacienda y se establece un pareo de fondos federales para Municipios Non-Entitlement por la cantidad de $5 millones. 

Bajo la custodia de OGP, se asigna una partida de $1,200 millones para comunidades desventajadas; y $2,200 millones bajo la custodia de Hacienda para un programa de desarrollo socioeconómico a través de ONG’s (organizaciones no gubernamentales).

Soto Torres subrayó que “esta Cámara no claudicará a su función constitucional de aprobar medidas que garanticen la estabilidad de nuestro pueblo” y agregó que el mismo “forma parte de una política pública de cumplimiento con el Plan Fiscal y toma en consideración los números reales de nuestra economía, sin endeudar más a nuestro pueblo. Que no tenga la menor duda de que continuará recibiendo los servicios, aun con una situación económica difícil”.

Durante los trabajos, fueron aprobadas dos medidas cuyo fin es atraer fondos a las arcas del Gobierno. El Proyecto de la Cámara 1142, presentado por Méndez Núñez y la delegación novoprogresista, enmienda el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico con el fin de establecer el pago por derechos de licencia para máquinas operadas con monedas a partir del 1ero de julio de 2017. 

La medida impone el pago de $3000 por concepto de derechos de licencia para operar máquinas de video y juego electrónico con material de violencia o índole sexual, así como a toda máquina de entretenimiento para adultos, entre otras imposiciones. Con la aprobación de esta pieza legislativa, se espera recaudar cerca de $69,000,000, tomando como base $3,000 por concepto de marbete, multiplicados por un promedio de 23 mil operadores de máquinas en la Isla.

El Proyecto de la Cámara 1133, del Líder Cameral, enmienda el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, la “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación”, la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico” y la “Ley para atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer medidas adicionales de recaudo y liquidez para el Gobierno, establecer la obligación a ciertos comerciantes de remitir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en plazos quincenales, entre otros asuntos relacionados.

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