Rechazan que propuesta "Ley de Restauración Religiosa" promueva el discrimen y la negación de servicios

El Capitolio – “La Asamblea Legislativa se reafirma en que el ejercicio de la religión en todas sus manifestaciones es un derecho inalienable del ser humano (…)”. Con ese objetivo, la Comisión de lo Jurídico que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano inició hoy, martes, el análisis del Proyecto de la Cámara 1018 que crearía la “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
 
La medida, presentada por los representantes Guillermo Miranda Rivera, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Charbonier Laureano, reitera que la Constitución de Puerto Rico “consigna que nuestro gobierno no aprobará ley alguna relativa al establecimiento de alguna religión en particular, ni se prohibirá el libre ejercicio de cualquier culto religioso”. Entre los propósitos de la pieza legislativa, está el que una persona que entienda se le ha violentado su ejercicio religioso en virtud de lo establecido en este estatuto, podrá alegar tal violación.
 
Durante los trabajos, el líder cameral Méndez Núñez sostuvo que el proyecto “no interviene con la separación de Iglesia y Estado que está contenida en la Constitución”, ni con decisiones tomadas por el Tribunal Supremo “sobre ciertos asuntos sociales en Puerto Rico”. Agregó que el propósito de la medida es permitirle a cada individuo, ejerciendo su libertad de pensamiento y sin importar su creencia, contar con unas protecciones en contra de cualquier acción que pueda tomar algún Gobierno mediante política pública, que “utilice el ejercicio del poder para afectar alguna libertad de culto en alguna agencia de gobierno o en algún servicio que se ofrezca”.
 
Puntualizó que “aquí no estamos imponiendo o forzando algo. Lo que queremos evitar es que se establezcan acciones de individuos que, usurpando el poder de la Asamblea Legislativa, quieran aprobar. Así afectando la libertad de pensamiento que pueda tener un individuo a quien el gobierno se supone proteja y que le permita unas garantías mínimas. Si va a violentar eso, debe haber un interés apremiante, se debe demostrar con certeza minuciosa, que es necesario hacerlo”.
 
El Presidente de la Cámara expresó que el proyecto debe continuar el trámite legislativo, catalogando su análisis de válido, ya que lo que se pretende es garantizar “el libre disfrute de los ciudadanos de derechos contenidos en la Constitución”.
 
Mientras, que el representante Miranda Rivera indicó que “este proyecto se hizo con el propósito de traer a un lenguaje estatal, un estatuto federal (en referencia al Religious Freedom Restoration Act o RFRA). No se hizo con la intención de hacerle daño a alguien”.
 
La vista pública contó con la comparecencia de Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico por la Familia, Iglesia Casa de Alabanza, GP Legal Consulting Solutions y el licenciado Arturo V. Bauermeister, quienes avalaron la medida por entender que la misma “es de balance social”, “aclara a nuestro poder judicial cual será el principio aplicable para estas controversias. Merece ser una ley por separado. No es un cheque en blanco. La prueba la aquilatarán los tribunales. No discrimina. Todas las religiones tienen el mismo peso. Tampoco es una razón para que el gobierno niegue servicios por las razones que sean. No excusa al gobierno, protege al individuo del atropello a su conciencia” y “establece las reglas del juego (…) no pretende menoscabar los derechos adquiridos”.
 
Estuvieron presentes, además, representantes del Colegio de Abogados, Departamento de Justicia y del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, quienes mostraron algunas reservas al proyecto por entender que ya existen garantías suficientes bajo la Constitución.
 
Méndez Núñez describió como “genérica y somera” la ponencia presentada por Justicia. “No hace mucho pasé por la experiencia de hacer una expresión libre y voluntaria, fuera del contexto legislativo, y fui llevado a los tribunales. Al final, el tribunal decidió como debía decidir. Era mi libertad. Era mi expresión. No afecté derechos, ni utilicé fondos públicos. Eso es lo que estamos protegiendo”, afirmó.
 
La Presidenta de la Comisión subrayó que “el gobierno no puede negarle educación, salud, trabajo, a nadie y esta ley no puede ir en contra de eso. Y si eso es lo que alguien piensa que va a pasar aquí, pues yo le digo que no”.